Buenas noticias para empezar el año judicial: Anulacion de las tasas judiciales

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La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 21 de julio de 2016, ha estimado parcialmente, por unanimidad, el recurso (Rec. Nº 973/2013) presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, DECLARANDO INCONSTITUCIONAL LA PREVISIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY, QUE EN SUS APARTADOS 1 Y 2 ESTABLECÍAN LAS CUOTAS TRIBUTARIAS FIJAS Y VARIABLES.

Sin duda alguna es una buena noticia, aunque sin poder calmar la insatisfacción permanente de cualquier ser humano la pregunta es: ¿Qué hemos estado haciendo estos últimos 3 años? A donde han ido a parar los ingresos de las tasas judiciales?

Es decir, aun y considerando la buena noticia, nos quedamos con el sabor amargo de haber estado 3 años con unas tasas judiciales -que todos los sectores consideraban inconstitucionales- y aún así, el justiciable las ha estado pagando. La sentencia no ordena la devolución de las cantidades pagadas en relación con las tasas declaradas nulas ni en los procedimientos finalizados por resolución firme ni tampoco en los no finalizados en el que el pago de la tasa se satisfizo sin que fuera impugnada por vulneración del art. 24.1 CE. De hecho, en este último supuesto, la ausencia de la impugnación de la tasa dio firmeza a la liquidación del tributo.

¿Desde cuándo no son exigibles?

Las tasas no son exigibles desde la fecha de publicación en el BOE de la sentencia 140/2016, de 21 de julio de 2016, del Pleno del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula la previsión del artículo 7 de la  Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que en sus apartados 1 y 2 establecían las cuotas tributarias fijas y variables en relación a las personas jurídicas.

Esta publicación tuvo lugar el 15 de agosto de este año.

Ello es así porque el momento del comienzo de los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional coincide habitualmente con su publicación en el BOE. Conforme al artículo 38.1 LOTC: «Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.»

Así que gracias a todos los entes políticos y sociales que han hecho posible la anulación de la tasa judicial entre ellos la brigada tuitera, el colegio de abogados de Barcelona, colegio de procuradores de Barcelona y todos los colectivos de jueces, fiscales y funcionarios que desde un inicio se opusieron a la Tasa judicial y gracias a sus respectivos esfuerzos y a la presión ejercida lo han conseguido.

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